A lo largo de cuatro presidencias en Guatemala, los esfuerzos anticorrupción de la CICIG y la Oficina del Fiscal General se enfrentaron durante mucho tiempo al rechazo de sectores dentro y fuera del gobierno.
Muchos han tratado de socavar la agenda anticorrupción a través de campañas de desprestigio, grupos de presión y leyes destinadas a proteger del enjuiciamiento a funcionarios corruptos e individuos influyentes, entre otras estrategias.
Morales ganó la presidencia de Guatemala en 2016, con el respaldo del sector militar conservador que ha desafiado repetidamente los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en el país. Aún así, cuando Morales asumió el cargo, inicialmente prometió extender el mandato de la CICIG hasta 2021.
El pueblo de Guatemala no está solo
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¿Por qué Morales no apoyó a la CICIG?
Los miembros del sector empresarial de Guatemala, incluida una poderosa coalición empresarial conocida como CACIF, comenzaron a buscar formas de hacer retroceder a la CICIG.
Luego de que numerosas élites empresariales estuvieran implicadas en investigaciones de corrupción multimillonarias a partir de 2015, la élite económica del país terminó contratando a una firma de cabildeo de Estados Unidos, que buscaba influir en los miembros del Congreso y en los funcionarios de la administración Trump.
Al mismo tiempo, el propio Morales terminó enfrentando denuncias de aceptar alrededor de 1 millón de dólares en donaciones ilegales para campañas, en una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la CICIG.
La familia de Morales sigue bajo sospecha
El hijo y el hermano de Morales también fueron arrestados en enero de 2017 por cargos de corrupción relacionados con el mal uso de fondos públicos, en un caso separado.
En tres ocasiones distintas, la Fiscalía General de la Nación y la CICIG solicitaron que se levantara la inmunidad de acusación del presidente.
Sin embargo, con aproximadamente uno de cada cinco miembros del Congreso de Guatemala bajo investigación por corrupción, el Congreso se negó a cumplir con esta orden, desafiando al máximo tribunal de Guatemala.
Todo esto intensificó la reacción contra la CICIG, lo que eventualmente llevó a que Morales anunciara unilateralmente en enero de 2019 que no renovaría el mandato de la CICIG, argumentando que la comisión es inconstitucional y un riesgo para la seguridad nacional, entre otras afirmaciones.
En contra de la decisión de Morales
La ONU rechazó enérgicamente la decisión de Morales, que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en medio de grandes protestas ciudadanas; sin embargo, el gobierno de Morales no ha cumplido con el fallo de la corte.
Esta pérdida de apoyo de los Estados Unidos, el principal aliado político y económico de Guatemala, facilitó los esfuerzos para atacar y desacreditar a la CICIG y creó el espacio necesario para que el antiguo orden político de Guatemala se reafirmara.
A lo largo de este terremoto político, la administración Trump no mostró mucho interés en brindar un apoyo fuerte y constante a los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en Guatemala.
Trump en contra de la CICIG
La posición de la administración Trump contrastaba marcadamente con las administraciones de Obama y Bush, las cuales desempeñaron un papel importante al señalar a los líderes políticos de Guatemala que facilitar el trabajo de la CICIG era una prioridad máxima.
Esta pérdida de apoyo de los Estados Unidos, el principal aliado político y económico de Guatemala, facilitó los esfuerzos para atacar y desacreditar a la CICIG y creó el espacio necesario para que el antiguo orden político de Guatemala se reafirmara.
Los informes de varios medios de comunicación, incluidos Foreign Policy y Nomada de Guatemala, señalaron en su momento que la administración Trump disminuyó el apoyo público tradicional y fuerte a los esfuerzos anticorrupción de Guatemala, a cambio de que Guatemala se convierta en el segundo país del mundo en abrir una embajada en Jerusalén.
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