Con una población de 17 millones y un PIB de US$77.600 millones (2020), Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y un país de ingreso medio alto, medido por su PIB per cápita (US$4.603 en 2020).
Durante las últimas tres décadas, Guatemala tuvo el crecimiento menos volátil entre sus pares estructurales y aspiracionales. La deuda pública y el déficit presupuestario han estado históricamente entre los más bajos y estables a nivel mundial.
Sin embargo, el estado de ingreso medio alto del país y la estabilidad económica no se han traducido en una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad.
¿Cuáles son las limitantes que impiden un avance importante?
Los bajos ingresos del gobierno central (11 por ciento del PIB en promedio en los últimos años y un estimado de 11,7 por ciento en 2021) limitan la capacidad de inversión pública y restringen tanto la calidad como la cobertura de los servicios públicos básicos, desde educación y salud hasta el acceso al agua, lo que explica en gran medida la falta de progreso en el desarrollo y las grandes brechas sociales, rezagadas con respecto al resto de América Latina y el Caribe (ALC).
Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en ALC, con poblaciones indígenas y rurales afectadas de manera desproporcionada.
La desnutrición infantil crónica (y el retraso del crecimiento) afecta al 47 % de todos los niños menores de cinco años, al 58 % de los niños indígenas y al 66 % de los niños del quintil de ingresos más bajos.
La pandemia de COVID-19 puso fin a tres décadas de crecimiento económico en Guatemala. Aún así, el país experimentó una de las contracciones del PIB más pequeñas en 2020 en ALC (-1,8 por ciento en comparación con un promedio regional de -6,7 por ciento).
El estímulo fiscal del Gobierno para responder a la pandemia (equivalente al 3,3 % del PIB) fue rápido en 2020 y se centró en proteger a los pobres y vulnerables.
Todavía queda mucho trabajo por hacer
Este esfuerzo sin precedentes incluyó la ampliación a gran escala de las redes de seguridad del 5 al 80 por ciento de los hogares, a través de transferencias temporales de efectivo. Esto aumentó el número de beneficiarios directos del programa de 160,000 a 2,8 millones.
Si bien se estima que el impacto de la pandemia de COVID-19 aumentó la tasa de pobreza del 47,8 % de la población en 2019 al 52,4 % en 2020, estimaciones recientes del Banco Mundial indican que este aumento habría sido dos o tres veces mayor si no hubiera sido por sido por la respuesta política del gobierno.
Guatemala registró una fuerte recuperación, con un crecimiento del PIB del 8 % en 2021 y del 3,4 % esperado en 2022. Los riesgos persisten, particularmente dada la incertidumbre del entorno global que cambia rápidamente y los desarrollos locales de COVID-19.
A principios de 2022, solo el 29 por ciento de la población guatemalteca estaba completamente vacunada. El lento progreso de los esfuerzos de vacunación aumenta la susceptibilidad del país a nuevos brotes de COVID-19 y mayores pérdidas en el desarrollo. También socava la confianza de los hogares y las empresas y aumenta la incertidumbre económica.
Por estas razones tan alarmantes, CMI y Juan Luís Bosch Gutiérrez se comprometen más que nunca a apoyar a las comunidades indígenas del país, para que el problema de la pandemia no siga generando estragos en nuestras personas. La gente de nuestro pueblo guatemalteco es lo más importante, es lo más valioso que tenemos.
Hay que ver pa’lante
Guatemala tiene una oportunidad para la transformación enfocándose en áreas prioritarias para acelerar el crecimiento inclusivo, productivo y sostenible, incluso mediante la construcción de un contrato social más inclusivo a través de más y mejores inversiones en capital humano, fomentando un clima empresarial más sólido para acelerar la creación de empleos y aumentar la productividad, y mejorar la sostenibilidad con un aumento de los ingresos fiscales y una mayor eficiencia del gasto público y resiliencia a los choques a través de la adaptación climática.
Impulsar un crecimiento robusto e inclusivo y reducir la pobreza en Guatemala requerirá esfuerzos continuos para aumentar el crecimiento de la productividad y facilitar el ingreso de las mujeres al mercado laboral; aumentar las inversiones en capital humano, innovación e infraestructura resiliente; y abordar desafíos en materia de transparencia, gobernabilidad y seguridad ciudadana, entre otros.